(09 de octubre, 2013).- El tema del presunto desvío de recursos públicos del Estado de México para la realización de un teledrama a cargo de la conductora Laura Bozzo en las zonas afectadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en Guerrero, ha brillado por la ausencia de explicaciones oficiales y, con ello, de acciones para actuar contra los responsables.
El desvío de recursos ha pasado a segundo término en los medios de comunicación, en la opinión pública y en las instituciones jurídicas encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción cuando se menciona el nombre de Laura Bozzo.
El seguimiento del caso ha ido en función del debate de la conductora peruana y la periodista mexicana Carmen Aristegui, ésta última, difusora la nota originada en la revista Proceso, a la cual –llamó la atención Aristegui–, Bozzo no solicitó derecho de réplica.
Aclarar el uso de recursos públicos ha sido una petición constante desde que el tema se puso a debate. Entre las peticiones se encuentra la del senador perredista Alejandro Encinas, quien solicitó datos como la bitácora y pasajeros de los vuelos realizados por el Grupo de Rescate Relámpagos, así como la información tanto de quien solicitó el apoyo del helicóptero como de quien autorizó su uso, datos que hasta el momento no se han hecho públicos.
El caso de Laura Bozzo no sólo se ha limitado a la presunción de desvío de recursos públicos para a cambio de favores al gobierno mexiquense; en días pasados se dio a conocer la posiblerelación que la conductora pudo tener con el gobierno de Alberto Fujimori en Perú, del cual años atrás se le acusó de recibir dinero a cambio de apoyar al régimen en su programa “Laura en América”.
Ante estos señalamientos, la conductora declaró que el caso concluyó a su favor cuando un tribunal colegiado peruano negó que ella hubiese recibido primero cincuenta mil y después tres millones de dólares de Vladimiro Montesinos, jefe de inteligencia del gobierno de Alberto Fujimori, de quien Bozzo declaró haber estado enamorada.
Lo que comenzó como un artículo de la revista Proceso, ha derivado en poner en duda la legalidad de los programas que Laura Bozzo ha conducido en Televisa.
Tal fue el caso del periodista Jenaro Villamil, quien señaló que “el 24 de noviembre de 2011, la Secretaría de Gobernación emitió una ‘observación’ hacia XEW-TV Canal 2, concesión de Televisa, advirtiéndole que la emisión del episodio ‘Quiero confesarte que eres papá’ era motivo de infracción por violar disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, especialmente al corromper el lenguaje, y por ser contrario a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al fomentar estereotipos que atentan contra la dignidad de las mujeres.”
Hasta el momento ningún funcionario se encuentra sancionado por el presunto desvío de recursos, como tampoco se ha dado a conocer la información oficial solicitada por senadores y diputados tanto perredistas como panistas.
Hasta el día de hoy, la constante ha sido el silencio por parte del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila. Su respuesta se limitó a un comunicado emitido el pasado 27 de septiembre, en el cual mencionó que el grupo Rescate Aéreo Relámpago atendió 15 solicitudes “de diversos medios para traslado”, entre los cuales mencionó a TV Mexiquense, Televisa, Milenio, Reforma, La Jornada, El Universal, UnoTV y Cablemás.
Cabe señalar que los silencios no sólo han sido por parte del gobierno mexiquense, también han sido política del empresario Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, en una situación que lo involucra directamente ante lo que podría interpretarse como una evidencia de la complicidad entre la empresa televisiva y el gobierno priista mexiquense.
Conforme pasan los días, el tema de la desviación de recursos públicos mexiquenses y la relación entre el gobierno priista y Televisa, parece ser sólo otro capítulo de la impunidad que suele imperar en “el país de no pasa nada”.
Alina Rosas Duarte / @ARD3_0
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